JUSTICIA MILITAR
Consejo de guerra por los sucesos de octubre en Tarrasa
En el salón biblioteca
de la División se reunió ayer el consejo de guerra de oficiales generales para
juzgar a los procesados por los hechos revolucionarios de octubre, en Tarrasa.
Los procesados son Juan
Llach Feliu. Miguel Oraltela Voltá, Miguel Palet Martí, Jaime Salellas Salado,
José Petxamé Salado, Pedro Ciurana Font, Juan Maten Treguant, Luis Saló Sotus,
Rafael Vilaplana Vicens, Valentín Puigdoménech Busom, Jaime Comadrán Castells,
José Arenillas Benedito, Samuel Morera Rivas, Samuel Morera Blanco, Antonio
Marujo Forniells, Miguel Marín Forniells, Jaime Soler Puig, Laureano Navarro
Bertrán, Rafael Zapater Bendeto, Andrés García Martínez, Vicente Forns Espiu,
Juan Seguí Arró, José Elias Caixa y Miguel Save III.
El apuntamiento, que es
muy extenso, señala que las actuaciones del Juzgado militar se iniciaron en 30
de octubre del pasado año, y dice que el día 22 del referido mes de octubre el
capitán de la Guardia civil don José Negrete tuvo noticias de que en la Casa
del Pueblo de Tarrasa había armas escondidas, de las que se habían utilizado en
el movimiento revolucionario. Por este motivo, rompiendo los precintos de la
Casa del Pueblo, procedió a efectuar un minucioso registro, que dio por resultado
encontrar en un patio nueve bombas cilíndricas y cartuchos de Remington. Debajo
de la tarima del salón de sesiones del mismo local fueron hallados 31
Remington, 10 Winchester, dos carabinas Monserrat, sistema Máuser; dos sables
del ejército, dos machetes, una bayoneta triangular y cuatro porras da madera.
También se incautó de un plano de la ciudad, con unos trazos en tinta roja con
nombres en cada división, como si se tratara de los encargados de la vigilancia
de aquellas secciones.
Auxiliado por funcionarios
de la brigada municipal, el capitán Negrete, de la Guardia civil, penetró en
los pisos altos de la Casa del Pueblo, en donde creyó que encontraría más armas
escondidas; pero no fue así. Tan sólo en una caja de la sala biblioteca fueron
halladas 686,29 pesetas en billetes, plata y calderilla. En el tejado fueron
hallados una pistola del 6,35, inservible; cuatro revólveres, 200 cartuchos
para Remington y Winchester, y en cada arma había una bala en la recámara. Se
pasó a continuación a leer las declaraciones de los procesados, y se dio
lectura asimismo a la diligencia de registro efectuada en el Ayuntamiento,
donde fueron hallados cinco revólveres, 18 armas más, de varios tipos; 115
cartuchos, siete armas blancas, un cesto con cartucheras y varios carnets del
Somatén, todo silo junto a la caldera de la calefacción.
A continuación, se
leyeron las declaraciones prestadas a plenario por los procesados, en las que
consta que el ex alcalde de Tarrasa, don Samuel Morera, se presentó ante la
autoridad militar el 7 de febrero del corriente año. Dijo desconocer que
estuviese reclamado, y aseguró que en todo momento cumplió las órdenes y
obligaciones que tenía por el cargo, de mantener el orden público de la
población a toda costa. Hizo resaltar que, por lo importante, en número, de la
ciudad de Tarrasa, se vio obligado a movilizar el Somatén para guardar la
ciudad el día 6, ya que la Guardia civil quedó acuartelada, y de guardias de
Asalto sólo contaba con diez números y un cabo.
Terminada la extensa
lectura del apuntamiento, lectura que duró más de dos horas, a petición del
letrado señor Muñido, defensor del ex alcalde, se leyó la alocución que la
emisora Radio Tarrasa radió la noche del 6 de octubre. De ella se desprende que
en Tarrasa no se hizo proclamación alguna del «Estat Català», y sí tan sólo se
dio cuenta de la proclamación hecha en Barcelona por el Gobierno de Cataluña, y
de la conveniencia de que todos los ciudadanos procuraran que no se alterase el
orden, en tanto se veía en qué acababa la resolución adoptada por la
Generalidad.
Se procedió a leer el
oficio por el cual la Alcaldía requirió al cabo del Somatén para movilizar
estas fuerzas, a fin de guardar el orden en la ciudad y evitar que se
destruyeran los templos y con objeto de custodiar los establecimientos
públicos.
Terminada la lectura de
los documentos aportados por la defensa, se suspendió la vista por unos cinco
minutos, a fin de que se buscara, para leerla, la lista de los elementos que
integraban el Somatén el día 6 de octubre.
Al reanudarse la sesión
se procedió al interrogatorio del ex alcalde don Samuel Morera. Este, a
preguntas de su defensor, contestó que el mes de junio de 1934, cumpliendo
órdenes de la Generalidad, procedió a la recogida de armas del antiguo Somatén
y las guardó en el Ayuntamiento. Que se enteró del movimiento huelguístico de
los días 5 y 6 por unas hojas que se hicieron circular por la ciudad anunciando
unas manifestaciones, las cuales prohibió, y ordenó a los escasos guardias con
que contaba que las disolvieran, como así lo efectuaron, practicando, además,
buen número de detenciones.
Explicó que movilizó el
Somatén, porque con los diez guardias con que contaba no podía responder del
Orden público, ya que había el precedente de que en otros movimientos
extremistas había sido asaltado el Ayuntamiento.
Aseguró, además, que se
opuso a la libertad de los presos que se le comunicó llevar a cabo el 6 por la
noche.
Dijo que en la
Consejería de Gobernación había un hombre que a él no le inspiraba ninguna
confianza, ya que eran enemigos personales él y Dencás.
A preguntas del fiscal
contestó que suponía el contenido de unas cartas circulares de la Consejería de
Gobernación, que le ocupó la Policía y por ello no las cursó, y que si compró
armas fue para repartirlas entre el Somatén y defender la ciudad.
Declaró a continuación
Jaime Salellas Salvat, que dijo que estaba de acuerdo con lo declarado por el
alcalde, y a preguntas de la defensa explicó que fue objeto de malos tratos por
la columna volante que mandaba el capitán Negrete, ya que le abrieron la cabeza
a golpes.
Contestó al presidente
que no presentó una denuncia, pero sí que se quejó de los malos tratos al
capitán Vidal y Ribas, y más tarde, ante el jefe de la cárcel, se negó a firmar
una declaración, que le obligaban, bajo amenazas, explicando que la Guardia
civil estuvo al margen de estos malos tratos.
El letrado señor
Fernández Ros solicitó del Tribunal que constara en acta todo lo declarado y se
sacara testimonio de tanto de culpa de los malos tratos, para las responsabilidades
que haya lugar.
Jaime Comadrán declaró
sentado, a petición de su defensor, debido a que padece una enfermedad.
La presidencia le hizo
explicar la forma en que fue maltratado, y dijo que se encontraba algo enfermo,
en su casa, de donde le sacaron para llevarle al Ayuntamiento, y después de
encerrarle en un cuarto le preguntaron dónde se encontraba el alcalde, y al
contestar que lo ignoraba, unos guardias, con las carabinas, y otros con las
porras, le apalearon todo el cuerpo. Explicó que dio cuenta de esto al señor
Vidal y Ribas, y que la Guardia civil y la tropa dijeron reprobar la actuación
de aquella columna volante. Las defensas hicieron constar al Tribunal que
aportaban como testimonio las fotografías del estado de sus procesados, por las
palizas recibidas.
José Pechamet explicó
asimismo que fue objeto de malos tratos y que, para arrancarle una declaración,
en una de las noches que se le llevaron unos guardias, le amenazaron con
aplicarle la ley de fugas.
Juan Mateo, cabo del
Somatén de Tarrasa, declara que, cumpliendo órdenes del alcalde, movilizó el
elemento civil, repartió armas y organizó la defensa de la ciudad, y que, de
madrugada, al sonar las sirenas del Ayuntamiento, fue retirado el Somatén y
recogido nuevamente el armamento, que se depositó en el Ayuntamiento.
Explicó también que fue
testigo de los malos tratos a sus compañeros y que reconocería a los guardias
de Asalto que se dedicaban a apalear a los presos.
En este momento se
produjo un incidente entre el defensor señor Muñiz, Fernández Ros y la
presidencia, y el señor Muñiz, con energía, pidió que en la sesión de la tarde
compareciera el jefe de la columna móvil, ya que entendía que la sentencia que
pudiera dictar el Tribunal dependía de la forma como fueron arrancadas las declaraciones.
El presidente lo hizo
constar en acta.
Desfilaron a
continuación Miguel Palet, consejero de Cultura, que fue el que llevó la
alocución a la Radio de Tarrasa; Valentín Puigdoménech, Laureano Navarro,
Antonio Marín, Andrés García, Jaime Soler y Rafael Sabater, que fueron
interrogados por sus defensores, explicando su detención en el tiroteo frente a
la cárcel, al intentarse la fuga de presos, y dicen ser ajenos a aquel hecho,
ya que eran meros transeúntes.
Otro nuevo incidente se
produjo entre los cinco defensores y el Tribunal, al solicitar los primeros la
comparecencia de diversos testigos, y finalmente el presidente accedió a que
declarasen, desfilando el alcalde gestor de Tarrasa, el secretario y el doctor
don Joaquín Carreras, médico municipal que estuvo preso y procesado en este
asunto, que atestiguó lo de los malos tratos y explicó que a los procesados se
les deban las declaraciones a firmar habiendo sido redactadas previamente, sin
ningún interrogatorio.
Declaró también el
empleado municipal señor Farreiro, y a las dos menos cuarto da la tarde se
suspendió la sesión, para continuarla a las tres y media.
A la hora fijada se
reanudó la vista de la causa, informando el fiscal.
Este, en sus
conclusiones provisionales, calificó los hechos de auxilio a la rebelión, en
grado de frustración, solicitando penas de diez años de prisión para el ex
alcalde y cuatro procesados más; diez penas de ocho años para otros tantos
procesados y nueve de seis.
Como se expresará el
defensor del ex alcalde y de otros procesados, don Rafael Muñiz, en forma que
la presidencia estimó inconveniente, ésta dio orden de que la sala quedara
completamente desalojada de público y de representantes de la Prensa,
prosiguiéndose al consejo a puerta cerrada.
Las defensas leyeron
sus informes, solicitando la absolución de sus patrocinados. Acto seguido
terminó el consejo, reuniéndose el Tribunal para deliberar.
Según nuestras
noticias, el consejo de guerra, después de amplia deliberación, dictó sentencia
condenando a los procesados Samuel Morera y Juan Mateu a la pena de doce años;
a Valentín Puigdoménech, a diez años, y a José Arenillas, Miguel Savé, Carlos
Guardiola, Antonio Marín, José Soler, Laureano Navarro, Rafael Zapater, Andrés
García Martínez, Vicente Font, Miguel Carantela. Jaime Salilles, José Petxamet,
Juan Seguí, Pedro Ciurana, Luis Solé, Rafael Vilaplana y Juan Llach, a seis
años.
Por la misma sentencia
se absuelve a los procesados Jaime Comadrán, Samuel Morera y Miguel Palet.
Dicha sentencia no será firme hasta que haya sido aprobada por el auditor y por
el general de esta División.
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